ABOGADO CLAUSULA SUELO HIPOTECA ALICANTE

MOLINA NAVARRO - ABOGADOS

Despacho de Abogados especializado en la eliminación de clausulas suelo en Alicante

Avd. Maisonnave, 41, 1º G

03003 - Alicante

tlf. 650594446

Somos un despacho de Abogados sito en Alicante, compuesto por un equipo de profesionales especializados en Derecho Bancario y Financiero,

Ofrecemos el mejor asesoramiento posible en estas materias de forma clara y causando el menor coste al cliente.

Tras la última sentencia del Tribunal Europeo, se podrá reclamar todas las cuantías cobradas indebidamente por el banco así como la eliminación de la llamada clausula suelo de la hipoteca.

Actualmente los bancos tras la entrada en vigor del Real Decreto que promueve alcanzar un acuerdo extrajudicial están formulando ofertas a la baja, las cuales rondan un ofrecimiento menor del 50% de la cuantía a indemnizar, conllevando el inicio de esta vía extrajudicial graves perjuicios para el consumidor en un posible procedimiento judicial posterior. Por todo ello, recomendamos que antes de iniciar una vía de negociación, se pongan en contacto con un abogado especializado en la materia.

Igualmente, en los procedimientos judiciales para la eliminación de la clausula suelo y gracias a nuestra experiencia en la materia, nos comprometemos a no cobrar nuestros honorarios en caso de no se admitan las pretensiones del cliente.

Rogamos que en caso de estar interesados en ampliar información, así como en caso de precisar asesoramiento sobre si su hipoteca está gravada con clausula suelo o no, se ponga en contacto con nuestro despacho de abogados y le asesoraremos de forma gratuita.,

Real Decreto-Ley 1/2017 sobre la devolución de las cláusulas suelo

MOLINA NAVARRO ABOGADOS

ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN CLAUSULAS SUELO EN ALICANTE 

TLF. 650594446

Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de  medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo para posibilitar la solución de controversias entre consumidores y usuarios en relación a los contratos de préstamo con garantía hipotecaria que contienen las denominadas "cláusulas suelo".

Artículo 1 Objeto

El presente real decreto-ley tiene como objeto el establecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

1. Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor.

2. Se entenderá por consumidor cualquier persona física que reúna los requisitos previstos en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

3. Se entenderá por cláusula suelo cualquier estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato.

Artículo 3 Reclamación previa

1. Las entidades de crédito deberán implantar un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales, que tendrá carácter voluntario para el consumidor y cuyo objeto será atender a las peticiones que éstos formulen en el ámbito de este real decreto-ley. Las entidades de crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario.

2. Recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor desglosando dicho cálculo; en ese desglose la entidad de crédito deberá incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso en que la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el procedimiento extrajudicial.

3. El consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo. Si lo estuviera, la entidad de crédito acordará con el consumidor la devolución del efectivo.

4. El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición del primero la cantidad a devolver será de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación. A efectos de que el consumidor pueda adoptar las medidas que estime oportunas, se entenderá que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo:

• a) Si la entidad de crédito rechaza expresamente la solicitud del consumidor.
• b) Si finaliza el plazo de tres meses sin comunicación alguna por parte de la entidad de crédito al consumidor reclamante.
• c) Si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo de la cantidad a devolver efectuado por la entidad de crédito o rechaza la cantidad ofrecida.
• d) Si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposición del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida.

5. Las entidades de crédito informarán a sus clientes de que las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias. Asimismo, comunicarán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información relativa a las devoluciones acordadas.

6. Las partes no podrán ejercitar entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con el objeto de la reclamación previa durante el tiempo en que esta se sustancie. Si se interpusiera demanda con anterioridad a la finalización del procedimiento y con el mismo objeto que la reclamación de este artículo, cuando se tenga constancia, se producirá la suspensión del proceso hasta que se resuelva la reclamación previa.

Artículo 4 Costas procesales

1. Solamente si el consumidor rechazase el cálculo de la cantidad a devolver o declinase, por cualquier motivo, la devolución del efectivo e interpusiera posteriormente demanda judicial en la que obtuviese una sentencia más favorable que la oferta recibida de dicha entidad, se impondrá la condena en costas a esta.

2. Si el consumidor interpusiere una demanda frente a una entidad de crédito sin haber acudido al procedimiento extrajudicial del artículo 3, regirán las siguientes reglas:

• a) En caso de allanamiento de la entidad de crédito antes de la contestación a la demanda, se considerará que no concurre mala fe procesal, a efectos de lo previsto en el artículo 395.1 segundo párrafo, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
• b) En el caso de allanamiento parcial de la entidad de crédito antes de la contestación a la demanda, siempre que consigne la cantidad a cuyo abono se comprometa, solo se le podrá imponer la condena en costas si el consumidor obtuviera una sentencia cuyo resultado económico fuera más favorable que la cantidad consignada.

3. En lo no previsto en este precepto, se estará a lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Fuente: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/589568-rdl-1-2017-de-20-ene-medidas-urgentes-de-proteccion-de-consumidores-en-materia.html#a1