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ELIMINAR CLAUSULA SUELO HIPOTECAS EN ALICANTE - NUEVA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

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Análisis de la nueva sentencia del Tribunal Supremo acerca de la cláusula suelo

El Alto Tribunal ha vuelto a reiterar la nulidad de la cláusula suelo por falta de transparencia en el momento de contratación de los préstamos hipotecarios a tipo de interés variable.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo se reunió el pasado 16 de julio para la votación y fallo de una nueva sentencia que declara la nulidad de la cláusula suelo. Dicha sentencia está fechada el 8 de septiembre de 2014, pero no se dio a conocer hasta mediados de octubre. 

En esta nueva sentencia el Alto Tribunal continúa con la doctrina que estableció en la sentencia de 9 de mayo de 2013. En está ocasión el Tribunal analiza ocho cláusulas de varios clientes que interpusieron demanda conjunta. Por lo que entra a valorar casos concretos, a diferencia de la sentencia publicada el año pasado donde resolvía una demanda colectiva en defensa de los intereses de los consumidores.

En primer lugar deja claro que la cláusula que limita la variación a los tipos de interés, coloquialmente cláusula suelo, tiene la consideración de condición general de la contratación. El Tribunal entiende que esta cláusula no ha sido negociada por las partes, sino que ha venido impuesta por la parte que ha redactado el contrato. Con ello considera que el predisponente debe tener unos especiales deberes de configuración contractual en orden al equilibrio entre las partes y la comprensibilidad real del contrato. Todo ello a pesar de que las cláusulas analizadas reflejan diferentes porcentajes, indicando el Tribunal que esto no prueba que esta cláusula fuera negociada.

Por lo tanto el control de trasparencia indicado por el Tribunal va enfocado a la comprensibilidad real de la mentada cláusula, de forma que el consumidor y usuario conozca y comprenda las consecuencias jurídicas que se derivan de la relación contractual. Este deber de transparencia debe quedar plasmado en los aspectos básicos del contrato.

En esta nueva sentencia el Tribunal Supremo, aclara que este control de transparencia no debe quedar reducido a la mera claridad o inteligencia gramatical de la formulación empleada, sino que requiere un propio enjuiciamiento interno de la reglamentación predispuesta. En definitiva, hay que estudiar la cláusula y su claridad en el conjunto del contrato.

El Tribunal Supremo entiende que la cláusula de limitación a la variación de los tipos de interés no es clara en el conjunto del contrato. Si bien la mera cláusula extraída del contrato tiene un tenor literal bastante claro, expresándose generalmente de esta forma: "En ningún caso el tipo de interés anual resultante de cada variación podrá ser superior al X% ni inferior al Y%". En el contexto del contrato no es tan clara pues suele encuadrarse en el apartado de tipo de interés variable, esto ya empieza a conducir a error. No aparece claramente destacada por lo que es fácil que pase inadvertida por el consumidor. En muchas ocasiones, previamente o posteriormente, se habla de las bonificaciones que tendrá el diferencial de cumplir el usuario una serie de condiciones, con lo que distrae al consumidor de la atención de esta cláusula, que precisamente impide ver el efecto de esas bonificaciones.

El Tribunal reitera que para poder ser transparente esta cláusula sería necesario que al consumidor se le hubieran explicado los diferentes escenarios que se pueden dar antes de la contratación.

Por último el Tribunal Supremo indica que no puede pronunciarse sobre los efectos de la declaración de nulidad, debido a que el demandante no lo planteó en sus recursos. Esta está siendo la cuestión más controvertida y la que los diferentes tribunales y Audiencias Provinciales no se están poniendo de acuerdo. Lo que origina que según la provincia en la que se encuentre el consumidor este consiguiendo recuperar las cantidades cobradas de más por la entidad o no.

Sería deseable que el Tribunal Supremo pueda resolver pronto este aspecto en alguno de los recursos de casación que le llegue, puesto que la unificación de la doctrina traerá una mayor seguridad jurídica y que no sigan produciendo las desigualdades provocadas por las diferentes resoluciones que se están dando sobre este aspecto.

Fuente http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/analisis-de-la-nueva-sentencia-del-tribunal-supremo-acerca-de-la-clausula-suelo#

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La mayoría de los juzgados que ha estudiado casos en los que se solicita la nulidad de las cláusulas suelo hipotecarias ha dado la razón al particular, pero el asunto está aún lejos de tener un criterio jurisprudencial unánime y hay tribunales que siguen reconociendo a los bancos su derecho a mantener un tope en la bajada del tipo de interés del préstamo.

La última resolución favorable a una entidad financiera se ha producido hace unos días en Navarra, en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona. El magistrado Juan Miguel Iriarte Barberena sentenció el pasado 29 de octubre que Banco Popular puede seguir aplicando una cláusula suelo que impone un tipo de interés mínimo del 3%, descartando la pretensión de una clienta que pretendía que se eliminase por completo y se le restituyeran las cantidades indebidamente pagadas.

El juez considera que, en este caso, es clave un acuerdo posterior a la firma de la hipoteca, que se produjo en 2007, por el que Banco Popular y la prestataria acordaron reducir la cláusula suelo del 4% que estaba recogida en el contrato original, hasta el 3%, por medio de una novación contractual.

“Estos actos ponen de manifiesto el conocimiento de la demandante de la estipulación y su voluntad de modificar la misma, manteniendo su existencia, y la voluntad análoga del banco”, recoge la sentencia, que absuelve a la entidad financiera y condena en costas a la demandante.

El juez también recuerda que, además de esa modificación contractual que rebajó la cláusula del 4% al 3% en febrero de 2013, hubo un pacto previo, aunque temporal, que contemplaba una cláusula suelo del 2,5% entre marzo de 2010 y marzo de 2011.

Respecto a la nulidad absoluta de las cláusulas suelo, por vulnerar el ordenamiento jurídico, el magistrado recuerda que cobrar un tipo de interés en un préstamo es “totalmente legítimo” y que este puede ser variable. Respecto a que el mínimo de tipo de interés se fijara en el contrato en el 4%, el juez recuerda que “no se trata de remontarse a Carlos V y sus banqueros para considerar que hace tan solo dos décadas, en España los intereses superaban en este tipo de préstamos el 10%”.

Respecto al posible desequilibrio contractual por la inclusión de la cláusula suelo, el juez entiende que “desde las perspectivas de la realidad histórica y la social al tiempo del contrato no se considera que las cláusulas suelo sea desproporcionada ni que rompa el presunto equilibrio del contrato”.

La demandante pidió prestados 300.000 euros a Banco de Vasconia (filial entonces de Banco Popular, pero ya integrada en el grupo), con un tipo de interés de euríbor más 0,5%, para adquirir un piso de 91 metros cuadrados, valorado 318.000 euros, en Atica, una localidad colindante con Pamplona. Sin la cláusula suelo, pactada finalmente en el 3%, la prestataria tendría actualmente un tipo de interés inferior al 1%.

El principal vuelco en la calificación jurídica de las cláusulas suelo se produjo hace un año cuando el Tribunal Supremo estableció ciertas premisas para que este tipo de condiciones contractuales pudieran quedar anuladas (falta de información, desproporción respecto a la cláusula techo, etc...). Una de las entidades financieras implicadas en este procedimiento, BBVA, decidió suprimir en todos sus contratos hipotecarios vigentes (425.000 hipotecas) este tipo de limitaciones, aunque no estaba judicialmente obligado a ello. La medida supuso un impacto de alrededor de 265 millones de euros en el beneficio del grupo.

Diversos criterios judiciales

La sentencia del Tribunal Supremo y, la posterior aclaración, no ha servido para zanjar por completo la problemática de este tipo de condiciones contractuales, ya que no las anula por completo sino tan solo cuando tienen la condición de abusivas. Desde entonces, el grupo Santander ha eliminado todas las cláusulas suelo de las hipotecas de su filial Banesto, Cajasur (del grupo Kutxabank) las ha suprimido en 40.000 contratos, y la asociación Adicae ha impulsado una macrodemanda en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid en nombre de 15.000 afectados.

Aunque en este contencioso los clientes parecen ir ganando la batalla a los bancos, hay otros juzgados, como el de Pamplona, que consideran válido limitar la bajada del tipo de interés. Es el caso de la Audiencia Provincial de Sevilla, el Juzgado Mercantil número 2 de Alicante...

En el caso de Banco Popular, la entidad ha reconocido que el volumen de préstamos hipotecarios que tiene en su balance con algún tipo de cláusula suelo representa un volumen de 8.400 millones de euros.

En los últimos meses, esta problemática ha sobrepasado el ámbito judicial para trasladarse al político. Así, en las dos Comunidades Autónomas donde gobierna el partido socialista, Andalucía y Asturias, se han puesto en marcha expedientes sancionadores contra los bancos que siguen aplicando estas cláusulas.

fuente: http://cincodias.com/

RETROACTIVIDAD Y NULIDAD DE LAS CLAUSULAS SUELO - ABOGADOS CLAUSULAS SUELO ALICANTE

 

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La declaración de nulidad de una cláusula suelo tiene carácter retroactivo y obliga al banco a devolver las cantidades abonadas de más por su aplicación

 

 

 

La Audiencia Provincial de Jaén ha dictado una sentencia, de fecha 27 de marzo de 2014 (*) (ponente señora García Pérez), por la que declara conforme a derecho que una vez declarada la nulidad de la "Cláusula suelo" contenida en un contrato de préstamo hipotecario, procede la condena a la entidad financiera demandada a la devolución al prestatario de las cantidades abonadas de más como consecuencia de la aplicación de la misma, así como a la devolución de todas las demás cantidades que aquél haya pagando de más por la aplicación de las referidas cláusulas suelo, más sus intereses legales, hasta la fecha de resolución definitiva del pleito.

 

 

Los hechos

 

El Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil de Jaén dictó sentencia de fecha 17 de diciembre de 2013, que contiene el siguiente FALLO: "Que estimando la demanda presentada en representación de Dª Mª contra Caja XX debo:

 

 

1/ declarar la nulidad de la estipulación que establece en el contrato del que se deriva la presente demanda, el límite a las revisiones del tipo de interés de un mínimo aplicable de un 3’50% y cuyo contenido literal es: “en cualquier caso, la caja tendrá derecho a exigir y la parte prestataria vendrá obligada a satisfacer como mínimo al tipo del 3’5% nominal anual; y como máximo al tipo del 14% nominal anual, cualquiera que sea la variación que se produzca."

 

 

2/ Condene (sic) a la demandada: a eliminar dicha condición del contrato de préstamo suscrito con la demandante; a la devolución de la cantidad de 12.718’20 euros, abonada de más como consecuencia de la aplicación de la referida cláusula, con los intereses devengados desde la fecha de cada cobro; a la devolución de las cantidades que se vayan pagando de más por aplicación de la referida cláusula suelo, desde el día 31/10/13, con los intereses legales desde la fecha de cada cobro, y hasta la resolución definitiva del pleito". 

 

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la Caja condenada.

 

 

La sentencia de la AP

 

1. La sentencia comienza desestimando que la exigencia de que la entidad bancaria aporte una prueba documental de la negociación individual de la cláusula con el usuario (efectuadas en los años 2006 y 2007, cuando no se conocían los criterios de transparencia sentados por el TS), sea una prueba insuperable, pues:

 

"lo que se le exige al Banco es que acredite que la cláusula suelo techo incluida en el préstamo hipotecario suscrito por la demandante fue conocida y aceptada libre y voluntariamente por ésta al suscribir el préstamo, es decir, que ha cumplido el deber de información y transparencia, para lo cual ha aportado prueba documental (escritura y certificado de concesión del préstamo) y testifical (empleada del banco) que ha sido valorada como insuficiente por el Magistrado de instancia, y que esta Sala comparte, sin que pueda aceptarse el alegato genérico del apelante de que se le está exigiendo una prueba diabólica, dada la mayor facilidad probatoria de la entidad (217.7 LEC) para aportar la documentación que obre en el expediente de contratación, por lo que si no lo ha hecho esa falta de prueba debe pesar en su contra, pues otra tesis abocaría al consumidor a la imposible demostración de un hecho negativo -la ausencia de negociación-, lo que configura, esta vez sí, una prueba imposible o diabólica que, como precisa la sentencia STS 44/2012, de 15 de febrero de 2012, RC 93 2009, reproduciendo la doctrina constitucional, vulneraría el derecho a la tutela efectiva."

 

2. En segundo lugar, la sentencia confirma la apreciación de que la cláusula suelo es una condición general de la contratación pues, sobre la doctrina sentada por la STS 9 de mayo de 2013: "hemos de concluir que la cláusula suelo es una condición general de la contratación al ser una cláusula prerredactada, destinada a ser incorporada a una multitud de contratos, que no ha sido fruto de una negociación individual y consensuada con el cliente, sino impuesta por la entidad crediticia a modo de "oferta irrevocable” por lo que puede entrarse en el análisis de su abusividad."

 

3. En tercer lugar, la sentencia confirma la falta de transparencia en la cláusula suelo impugnada: "Las cláusulas suelo deben superar el control de inclusión en el contrato (cómo se incorporan al contrato y si son claras) y además el control de transparencia cuando están incorporadas a contratos con consumidores (qué información se le dio al cliente tanto de forma previa como en el momento de la contratación, para determinar si era o no consciente de las consecuencias económicas y jurídicas de la inclusión de la cláusula en el contrato)."

 

 

Pero la cláusula litigiosa "no es transparente [atendidos los parámetros establecidos en la STS de 9 de mayo de 2013], y además es abusiva en tanto supone un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor, en tanto no se determina un reparto real del riesgo de la variación del tipo de interés, pues la fijación de un tipo de interés mínimo del 3,5 % y un máximo del 14 % no supone un reparto equilibrado del riesgo entre ambas partes, ya que a este tipo máximo es difícil que se pueda llegar, por lo que pagará si los intereses suben y no se beneficiará de la variación a la baja, al fijarse como tipo mínimo el 3,5 %, lo que supone una falta de reciprocidad entre las partes, en la medida que a la prestación a cargo del consumidor, que será pagar el tipo fijo como suelo si el resultante del índice más el diferencial cae por debajo de aquel, no le corresponde otra prestación de la entidad prestamista, pues para eso haría falta que el interés referencial subiera por encima del 14 % y eso era altamente improbable, por lo que tal desequilibrio jurídico y económico convierte la cláusula en abusiva y debe declararse su nulidad."

 

 

Por último, la sentencia aborda la determinación de si, una vez declarada la nulidad de la cláusula suelo, procede declarar los efectos retroactivos a tal declaración, con la correlativa obligación de la entidad demandada de devolver las cantidad cobradas en aplicación de la misma. Y a este respecto, la sentencia establece en su fundamento de derecho tercero:

 

 

"Tercero.- Segundo motivo: Infracción de la doctrina de la STS 241/2013 sobre la irretroactividad de la nulidad declarada.

 

La sentencia de instancia declara la nulidad de la cláusula suelo techo con efectos retroactivos desde la firma del préstamo el 30 de agosto de 2007, por lo que la entidad debe devolver las cantidades cobradas con la aplicación de dicha cláusula y que ha sido cuantificada en 12.718,20 euros, lo que acuerda en base al art. 1303 Cc, añadiendo en apoyo de la retroactividad dos criterios extralegales: razones de economía del particular y no beneficiar la posición abusiva de las entidades financieras que no han eliminado las cláusulas suelo, a pesar de haber sido declaradas nulas casi de forma unánime tras la sentencia del TS de 9 de mayo de 2013, y siguen cobrando un dinero indebido hasta que se declaren nulas por sentencia.

 

El recurrente apela al criterio de la trascendencia económica que puede tener la retroactividad para una entidad como la apelante que supera los 90.000 préstamos hipotecarios, entendiendo que el TS en la citada sentencia ha declarado la irretroactividad atendiendo a razones de seguridad y de orden público económico que tienen aquí también aplicación.

 

En nuestro ordenamiento, la declaración de nulidad de una cláusula por abusividad es una nulidad parcial (art. 9.2 LCGC, art. 10 bis LCU y 83.2 TRLCU) de manera que la misma debe ser eliminada quedando subsistente el contrato, sin que exista posibilidad de integración tras la doctrina contenida en STJUE de 14 de junio de 2012 y 21 de febrero de 2013.

 

Sin embargo, se cuestiona el efecto de la nulidad consistente en la restitución de las prestaciones habidas en base a esa cláusula nula, desde la fecha del contrato, lo que implica en este caso la devolución por el apelante de las cantidades cobradas de más como intereses por aplicación de la cláusula suelo.

 

 

Tal efecto declarado en el art. 1303 CC no había sido cuestionado hasta el dictado de la STS de Pleno referida cuando se declaraba la nulidad por abusividad de las cláusulas de intereses moratorios contenidas en los préstamos hipotecarios, lo que implicaba que la ejecución continuaba pero minorada en el importe de esos intereses, ya cobrados, lo que ciertamente era una restitución patrimonial, y así vino acordándose por esta Audiencia Provincial desde el auto de 15 de julio de 2013 de la Sección 2ª, recogiendo la doctrina de la STJUE de 14 de marzo de 2013 y teniendo en cuenta la reforma operada en la LEC y LH por la Ley 1/2013, siéndolo a partir de aquella precisamente porque acuerda la irretroactividad, pero entendemos que lo hace y así lo dice aplicando razones excepcionales de seguridad jurídica y de orden público económico al tratarse de una acción colectiva contra varias entidades bancarias para que eliminen las cláusulas suelo de sus préstamos y dejen de aplicarlas en el futuro, de manera que si tuvieran que revisar todos los contratos ya firmados y devolver lo ya cobrado se les causaría un gran perjuicio económico.

 

Pero antes de aplicar y razonar ese criterio excepcional sí declara que la regla general es la retroactividad.

 

Así expresa que nuestro sistema parte de que la ineficacia de los contratos -o de alguna de sus cláusulas, si el contrato subsiste-, exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido y evitar así que de los mismos se deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica quod nullum est nullum effectum producit (lo que es nulo no produce ningún efecto)-. Así lo dispone el artículo 1303 del Código Civil, a cuyo tenor "[d]eclarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes".

 

Así, como afirma la STS 118/2012, de 13 marzo, RC 675/2009 se trata " [...] de una propia restitutio in integrum, como consecuencia de haber quedado sin validez el título de la atribución patrimonial a que dieron lugar, dado que ésta se queda sin causa que la justifique, al modo de lo que sucedía con la "condictio in debiti". Se trata del resultado natural de la propia nulidad de la reglamentación negocial que impuso el cumplimiento de la prestación debida por el adherente".

 

También esa regla rige en el caso de la nulidad de cláusulas abusivas, ya que, como afirma la STJUE de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb AG, C-92/11 , apartado 58 "[...] según reiterada jurisprudencia, la interpretación que, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 267 TFUE, hace el Tribunal de Justicia de una norma de Derecho de la Unión aclara y precisa el significado y el alcance de dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor. De ello resulta que la norma así interpretada puede y debe ser aplicada por el juez a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación, si además se reúnen los requisitos que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma (véanse, en particular, las sentencias de 2 de febrero de 1988, Blaizot y otros, 24/86, Rec. p. 379, apartado 27; de 10 de enero de 2006, Skov y Bilka, C-402/03, Rec. p . I-199, apartado 50; de 18 de enero de 2007, Brzeziñski, C-313/05, Rec. p . I-513, apartado 55, y de 7 de julio de 2011, Nisipeanu, C-263/10, apartado 32)".

 

Siendo, a continuación, cuando nuestro Alto Tribunal hace referencia a la posibilidad de limitar la retroactividad, al establecer que “no obstante la regla general de eficacia retroactiva de las declaraciones de nulidad, sus efectos no pueden ser impermeables a los principios generales del Derecho -entre ellos de forma destacada la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE)”, citándose a continuación sentencias del TC en que se ha acordado esta irretroactividad, la STS de 21 de marzo de 2012 que limitó los efectos de la nulidad para evitar el enriquecimiento sin causa de una parte a costa de la otra, e incluso señala que la STJUE de 21 de marzo de 2013 permite dicha limitación cuando concurra la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves.

Y, en el caso enjuiciado, tras valorar una serie de datos que expone: que son cláusulas lícitas en sí, derivando la ilicitud de la falta de transparencia, que son inusuales, han sido toleradas largo tiempo, la falta de transparencia proviene de la falta de información, que la finalidad del tope mínimo es mantener un rendimiento mínimo de estos activos...y finalmente que la irretroactividad causaría graves trastornos con trascendencia en el orden público económico, concluye declarando la irretroactividad de la nulidad declarada.

 

 

Las Audiencias Provinciales han adoptado soluciones divergentes sobre este extremo, tras la citada sentencia de Pleno del Tribunal Supremo, y así entre las que acuerdan la irretroactividad lo hacen acogiendo los criterios del TS, aun tratándose de acciones individuales, pudiendo citar:

 

 

- SAP Cáceres 24-02-2014: tras declarar que se venía acordando la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en las sentencias dictadas en los procesos de acciones individuales, por entender, que era un efecto jurídico inherente a la declaración de nulidad de la cláusula, en aplicación del Art. 1303 del Código Civil, atendiendo lo resuelto por el TS en sentencia de 9 de mayo de 2013 ( .."Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico...) declara la irretroactividad de la sentencia, de tal forma que la nulidad de las cláusulas no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada, ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia". La misma conclusión se había adoptado ya en otras anteriores como la de 19-11-2013.

 

 

- SAP Burgos de 28-01-2014: sostiene que la cuestión de la retroactividad en la aplicación de la nulidad de la cláusula-suelo la ha resuelto expresamente la STS de 9-05-2013, añadiendo además como argumento para sostener la irretroactividad que “la nulidad radical no juegue en la contratación bajo condiciones generales como una auténtica regla general de aplicación autónoma, sino que adapte su sanción al peculiar juicio de ineficacia funcional que comporta el control de esta práctica de la contratación. Planteamiento que puede derivarse de la interpretación sistemática del art. 8.1 en relación con el art. 10.1 y 10.2 de la LCGC, en cuya virtud la no incorporación de la cláusula o la declaración de nulidad no determinará la ineficacia total del contrato, si este pudiera subsistir sin tales cláusulas, extremo éste sobre el que debe de pronunciarse la sentencia, como ha hecho el Tribunal Supremo. Además, se reconoce en esos preceptos el principio de infracción conforme al art. 1258 CCv y con ello, la posibilidad de que el Juez valore la posible retroactividad que pueda derivarse conforme a los parámetros de la buena fe, el uso y la Ley y, en extensión de esta última, el propio orden público económico”, así como que es la solución acogida por un sector importante de Audiencias Provinciales, citando las de Cádiz, Sección 5ª de 13 de mayo de 2013, Cáceres, Secc. 1ª de 8 de noviembre de 2013 (que expresa que su criterio era la retroactividad habiendo cambiado a raíz de la STS de 9 de mayo de 2013), y Córdoba, Sección 3ª, de 31 de octubre de 2013.

 

 

- SAP Badajoz de 14 de enero de 2014: tras expresar que en Sentencia anterior de 26 de febrero de 2013 se había entendido que la declaración de nulidad , por abusiva, de una cláusula suelo , afectaba a los pagos ya realizados, tal criterio ha de ser revisado a la luz de la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, acogiendo sus razones y declarando la irretroactividad, siendo de obligada aplicación a tenor de lo dispuesto en el art. 1.6 del C. Civil.

 

 

- SAP Zaragoza, 8 de enero de 2014: extracta la STS de 9 de mayo de 2013 en cuanto a los factores valorados a partir del parágrafo 293, y resuelve: “Acatando este precedente por la fuerza informadora de la jurisprudencia que el art. 1.6 del Cc le atribuye y atendiendo a que indudablemente el mismo efecto de aplicación retroactiva de las acciones colectivas se puede obtener con la suma de la totalidad de acciones individuales ejercitadas, se han pronunciado ya algunos tribunales aceptando el criterio del Alto Tribunal como pueden ser la sentencia de la Sección Vigésimo octava de la AP de Madrid de fecha 23 de julio de 2013 , las de 20 de junio y 2 de octubre de 2013 de la Sección Primera de la AP de Cáceres , la de 17 de mayo de 2013 de la Sección Quinta de la AP de Cádiz, entre otras.Por ello, la eficacia informadora del ordenamiento jurídico que la jurisprudencia del TS tiene y la exigencia de seguridad jurídica derivadas de la CE llevan a esta Sala a aceptar el valor del precedente como doctrina jurisprudencial, lo que exige la desestimación de la impugnación de la sentencia realizada”.

 

 

- SAP Córdoba de 31 de octubre de 2013, razona que no cabe acoger la doctrina del TS en lo que nos gusta, la abusividad, y rechazarla en lo que no nos gusta, la retracción de los efectos de la nulidad, y que no corresponde a los Tribunales de instancia corregir la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha declarado la irretroactividad acogiéndose a que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo ya lo han aplicado en alguna ocasión, y también el TJUE permite esa limitación de la retroactividad por razones de seguridad jurídica y riesgo de trastornos graves, por lo que y aun dejando constancia de la diferencia de opiniones doctrinales y jurisprudenciales, siendo muchos los Juzgados de lo Mercantil que han acordado la restitución de las cantidades abonadas, se inclina por acordar la irretroactividad, citando otras sentencias que compartes su criterio (las Audiencias Provinciales de Cádiz (Sentencia de su Sección 5ª de 17 de mayo de 2013 ) o Madrid ( Sentencia de la Sección 28ª de 23 de julio de 2013 ).

 

 

- SAP Granada de 18 de octubre de 2013: considera aplicable la doctrina de STS de 9 de mayo de 2013 también cuando se trata del ejercicio de acciones individuales, al considerar que pese a la escasa incidencia económica del litigio concreto se mantiene en el caso la trascendencia en el orden público económico valorada por la Sentencia del Pleno, y también que se trata de una cuestión singular, las consecuencias de la nulidad de una cláusula que forma parte del objeto principal del contrato litigioso, pero que no provoca la nulidad total del contrato, sino parcial, “por lo que careciendo nuestro ordenamiento positivo de norma expresa que, con carácter general, acoja el principio utile per inutile non vitiatur (lo válido no es viciado por lo inválido), en la singular situación enjuiciada, invalidez de parte del objeto principal de contrato, que sin embargo conserva sus restantes efectos, donde no existe la posibilidad de integración y reconstrucción "equitativa" del contrato, declarada contraria al Derecho de la Unión por la STJUE de 14 de junio de 2012, parece justificado el abandono de los criterios generales en la materia y de los tradicionales inspirados en nuestro Código Civil, acudiendo, en la singularidad de la controversia, a otros a otros principios, como son algunos de los fijados por nuestro Alto Tribunal, para en definitiva proclamar, en este concreto caso, la irretroactividad del pronunciamiento de nulidad. Por tanto, en la difícil situación examinada, entendemos que, respecto a los efectos de la nulidad declarada, solo cabe estar, sin escindir los motivos que justifican la invalidez y sus consecuencias, a la autoridad del pronunciamiento de nuestro Tribunal Supremo, concluyendo que la nulidad no afectará a los pagos ya efectuados en la fecha en que se pronunció la Sentencia de instancia, debiendo restituir la demandada solo cualquier otro realizado después”.

 

 

- SAP Madrid de 28 de julio de 2013: tras recoger la doctrina del TS expresa “Visto lo expuesto, no existiendo motivos que justifiquen apartarse de la referida doctrina, procede estimar parcialmente el recurso y estimar la demanda únicamente en cuanto se refiere a la pretendida declaración de nulidad y a la forma de cálculo, en lo sucesivo, del interés pactado, sin dar lugar a la pretendida restitución de cantidades pagadas en exceso”.

 

 

- SAP Cádiz de 17 de mayo de 2013: aplica la solución del TS sal considerar que resuelve la cuestión, reproduciendo la doctrina contenida en la misma.

 

 

Y el otro sector de Audiencias Provinciales que declaran la retroactividad lo hacen en aplicación de los arts. 9 y 10 LCGC y art. 1303 CC, considerando en general que no se dan las razones de afectación de la economía nacional que contempló el TS para excluirla, y para evitar el enriquecimiento injusto del banco. Podemos citar:

 

 

- SAP Málaga, Sección 6ª, de 12-03-2014 (F.J. octavo): “..El artículo 9 Ley de Condiciones Generales de la Contratación remite al régimen general de la nulidad contractual, señalando el artículo 1.303 del CC: “Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos y el precio con sus intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.”; la finalidad de esta norma no es otra que la de que las personas afectadas vuelvan a tener la misma situación personal y patrimonial anterior al acto invalidador, evitando el enriquecimiento injusto o sin causa de una de ellas a costa de la otra (STS de 23 de junio de 2008, entre otras muchas), tratándose de una obligación ex lege , constituyendo una consecuencia ineludible e implícita de la invalidez contractual , siendo de alcance , no solo a los contratos declarados nulos , sino también a las cláusulas contractuales declaradas nulas cuando los contratos puedan subsistir sin aquéllas . Pues bien, ello así, aun cuando Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013...niega el efecto retroactivo de la Sentencia, también es verdad que la Sentencia se dicta en el marco procesal de una acción colectiva de cesación y respecto de quienes son parte en aquel proceso, donde, además, no se ejercitó una acción accesoria de condena a la restitución (como prevé el artículo 12 de la L.C.G.C ), sino solo de nulidad y correlativa eliminación de la cláusula, así como de prohibición de uso futuro, por lo cual esta Sala considera que tal declaración de no retroactividad, no es de aplicación preceptiva al supuesto que nos ocupa, en el cual la acción ejercitada es una acción personal e individual de nulidad por abusividad de una cláusula contenida en un contrato celebrado con consumidores, en el que además la actora ha solicitado, al pedir la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, en aplicación de la cláusula en cuestión, la retroacción de la declaración de nulidad, deviniendo, en consecuencia, a tales efectos, aplicable el artículo 1.303 del CC, sin que concurra circunstancia alguna que permita la excepción del efecto que dicha norma prevé...”.

 

 

- SAP Barcelona 16-12-2013: en el apartado 17 (La condemna a la devolució de l'excés cobrat). Reproduce la doctrina de la referida STS en su apartado 283, relativa a que la regla general es la retroactividad, por aplicación del principio quod nullum est nullum effectum producit y del art. 1303 Cc, y entiende, que es la que debe aplicarse al caso, y no la solución de irretroactividad acordada por el Alto Tribunal al ser acciones distintas y no haber en este caso riesgos de trastornos graves en el orden público económico, dice así: “En el cas en examen, considerem que, tal com demanava l'actor Sr. Serafin , ha de ser aplicada la regla general segons la qual, la decisió judicial que declara abusiva una clàusula determinada ha de retrotraure els efectes al moment de la conclusió del contracte (efectes ex tunc ). La naturalesa d'aquest litigi (acció de nul•litat instada per un consumidor en relació amb un contracte individualitzat) difereix de la del judici decidit per la STS de 9 de maig de 2013 (acció col•lectiva de cessació). Ni aquest procés queda afectat per l'efecte de cosa jutjada material de la STS ni les circumstàncies del nostre cas s'identifiquen amb les d'aquell (singularment la tinguda en compte en l'apartat 293, k: el risc de trastorns greus amb transcendència a l'ordre públic econòmic). En conseqüència, estimarem també la pretensió formulada pel demandant, de condemna de l'entitat demandada a la devolució de l'excés percebut com a conseqüència de l'aplicació de la clàusula declarada nul•la, amb els interessos corresponents”.

 

 

- SAP Alicante de 12 de julio de 2013. Voto particular. El parecer mayoritario considera que es aplicable el criterio de irretroactividad del TS por ser idéntica la cláusula suelo examinada. No obstante, se formula voto particular en el que considera procedente la retroactividad en base a varios argumentos: “el primero, y fundamental, por el principio jurisprudencial de "no vinculación" a las cláusulas abusivas, que ha sentado en numerosas resoluciones el TJUE, al interpretar la Directiva del Consejo, de 5 de abril de 1993 (art. 6.1), sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, lo que ha sido reiterada por el TJUE en sentencias de 26 de abril de 2012, y dos de 30 de mayo de 2013, en el sentido de que cuando se haya declarado abusiva una cláusula los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados “ a aplicar todas las consecuencias que, según el Derecho nacional, se deriven de ello para que el consumidor no resulte vinculado por dicha cláusula”. En Base a ello, considera “la no vinculación no es graduable ni puede tener carácter parcial. Menos aún, que pueda depender de un dato tan aleatorio como la fecha de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo español...la no vinculación, para conceder una protección integral al consumidor, no solo ha de tener una proyección hacia el futuro (que se conseguirá con su nulidad y con la supresión de la cláusula abusiva en cuestión) sino también una vocación de pasado, de eliminar cualquier vestigio de su existencia, y ello solo se conseguirá si se hacen desaparecer sus efectos”. Se añade también otro argumento relativo al tratamiento paritario que deben tener todos los consumidores comunitarios: “en materia de contratación bancaria (en que existen grandes bancos que operan en la totalidad del mercado europeo, y comercializan unos mismos productos, utilizando en ellos idénticas cláusulas) se afectaría gravemente, a mi entender, la protección integral y paritaria de los consumidores a nivel comunitario, pudiendo darse lugar a injustificadas discriminaciones de trato dependiendo del Estado miembro, si se admitiera modulación en cuanto a la vinculación a las cláusulas abusivas declaradas nulas. Y se concluye que : “La legislación interna española tiene recursos más que conocidos ( art. 1303 del Código Civil , art. 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, arts. 9 y 10 de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación ) para suprimir los efectos nocivos de la nulidad de una cláusula abusiva: se tendrá como no puesta y habrá lugar a la restitución de lo recibido, con sus intereses”.

 

 

- SAP Alava 9 de julio de 2013: tras señalar que las acciones ejercitadas en la STS y en la del caso no son las mismas: “la acción allí ejercitada solo ejercitaba acción de cesación, sin acumular reclamación de cantidad, con legitimación restringida, imprescriptible, y eficacia ex nunc, a la vista de los arts. 12, 16 y 19 LCGC. En cambio aquí se da respuesta a una acción de nulidad de los arts. 8 y 9 LCGC, que puede ejercitar cualquier afectado, sometida a plazo de caducidad y eficacia ex tunc”,y que la solución del TS atiende al caso enjuiciado, resuelve que debe acordarse la retroactividad, con base en los arts. 9 y 10 LCGC y art. 1303 Cc, así : “El art. 9.2 LCGC ordena a la sentencia que declare nulidad aclarar su eficacia conforme al artículo siguiente. El art. 10 LCGC aclara que la nulidad no determina la ineficacia total del contrato. Supone, por el contrario, la nulidad de la cláusula afectada, nulidad que conforme al art. 1303 CCv obliga a la restitución recíproca de las prestaciones, que en este caso han sido realizadas sólo por el recurrente, puesto que sólo operó la cláusula suelo”; y que no hay razones para no aplicarlos en el caso concreto al no apreciarse trastornos graves para la economía ni para el Banco, y que aun cuando la STS de 21 de marzo de 2012 matizó la obligación restitutoria en caso de nulidad, el fundamento es que ninguna de las partes se enriquezca sin causa a costa de otra, concluyendo en el caso que dado que la cláusula suelo solo ha operado en beneficio del banco y en perjuicio del cliente si que nunca sucediera lo contrario no hay motivo para excluir la aplicación del art. 1303 Cc.

 

 

Esta Sala, en la línea de este segundo grupo de Audiencias Provinciales, aun siendo consciente que es minoritario con respecto al primero, y compartiendo los acertados razonamientos del Magistrado de lo Mercantil, entiende que procede declarar la retroactividad de la nulidad de la cláusula suelo, sin que ello suponga contradecir la sentencia de Pleno del TS de 9 de mayo de 2013, por cuanto ésta no acuerda la irretroactividad como criterio general a aplicar a todas las cláusulas suelo abusivas, sino como excepción a la regla general de la retroactividad, al tratarse de una acción colectiva de cesación (que se eliminasen las clausulas suelo de los contratos de préstamo hipotecario de las entidades bancarias demandadas y no las usasen en el futuro) a la que no se acumulaba la petición de restitución de prestaciones, y haberse valorado razones de seguridad jurídica y riesgo de graves trastornos económicos, que pudieran producirse si al declararse la retroactividad tuviesen dichas entidades que revisar los miles de contratos suscritos, en muchas ocasiones incluso ya precluidos.

 

 

Precisamente, y como antes se ha resaltado, el TS cuando aborda este tema afirma que la regla general es la retroactividad, al expresar que “la ineficacia de los contratos -o de alguna de sus cláusulas, si el contrato subsiste-, exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido y evitar así que de los mismos se deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica quod nullum est nullum effectum producit (lo que es nulo no produce ningún efecto)”, es decir, efecto de pasado y efecto de futuro, y “así lo dispone el artículo 1303 del Código Civil” al imponer el deber de restitución de las prestaciones habidas en virtud del contrato, remitiéndose a las reglas generales de la nulidad contractual, y, por tanto, a dicho precepto, el art. 9 de la LCGC ("1.La declaración judicial de no incorporación al contrato o de nulidad de las cláusulas de condiciones generales podrá ser instada por el adherente de acuerdo con las reglas generales reguladoras de la nulidad contractual. 2. La sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio de la acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación, decretará la nulidad o no incorporación al contrato de las cláusulas generales afectadas y aclarará la eficacia del contrato de acuerdo con el artículo 10, o declarará la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de aquellas o su no incorporación afectara a uno de los elementos esenciales del mismo en los términos del artículo 1261 del Código Civil”), estableciendo el art. 10.1 LCGC que “La no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia”. Y también la propia doctrina del TS proclama la restitutio in integrum como efecto natural de la nulidad (ej., sentencia de 13-03-2012).

 

 

A nivel comunitario, el art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993,recoge los efectos de una cláusula abusiva, al disponer que “Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas”.

La doctrina jurisprudencial del TJUE en interpretación de dicha Directiva es clara al establecer la nulidad como efecto de las cláusulas abusivas utilizadas en los contratos con consumidores, prohibiendo la integración del contrato, siendo a tal efecto paradigmáticas las sentencias de 14 de junio de 2012 (Banco Español de Crédito), 21 de febrero de 2013 (caso Banif Plus Banck Zrt y los Sres. Csipai), 14 de marzo de 2013, 21 de marzo de 2013, citada por el TS al acoger la regla de la retroactividad, al disponer que la interpretación realizada por el TJUE de una norma de la Unión “puede y debe ser aplicada por el juez a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación”; y la de 30 de mayo de 2013, en tanto establece que cuando se haya declarado abusiva una cláusula los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados “a aplicar todas las consecuencias que, según el Derecho nacional, se deriven de ello para que el consumidor no resulte vinculado por dicha cláusula”.

 

Siendo, por tanto, la regla general de la retroactividad, no concurren en el caso las razones expresadas en la referida sentencia de Pleno, y que justifican acoger el criterio excepcional de la irretroactividad, como posibilidad admitida por nuestro Tribunal Constitucional por razones de seguridad jurídica, por el Tribunal Supremo para evitar un enriquecimiento injusto de una parte a costa de la otra o incluso por el propio TJUE atendiendo a la buena fe de los círculos interesados y la riesgo de trastornos graves.

 

Estamos ante una acción individual de un particular contra el Banco con el que tiene suscrito un préstamo hipotecario para adquisición de vivienda habitual, en orden a obtener la nulidad por abusiva de la cláusula suelo contenida en el mismo y que se le devuelva el dinero indebidamente cobrado por la aplicación de la misma, por lo que no hay razones de seguridad jurídica ni riesgo de grave trastorno económico a la entidad, pues la condena afecta a este caso concreto y el importe de la devolución es de 12.718’20 euros.

 

No se produce un enriquecimiento sin causa para la actora, dado que la aplicación de la cláusula anulada sólo ha supuesto beneficios para el Banco demandado, el cual ha persistido en su posición abusiva, tras conocer la sentencia de 9 de mayo de 2013, por lo que existiendo un claro desequilibrio entre las prestaciones de ambas partes, tampoco puede apelarse a la buena fe de la entidad, pues como indica la STJUE de 14 de marzo de 2013, para interpretar los conceptos de buena fe y desequilibrio importante en detrimento del consumidor entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato, deberá valorarse en qué medida el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente y de qué medios dispone el consumidor para que cese el uso de cláusulas abusivas, y en cuanto a las circunstancias en las que se causa el desequilibrio pese a las exigencias de la buena fe, deberá comprobarse por el juez nacional si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de este tipo en el marco de una negociación individual, no pudiendo dejar de tenerse en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios y las circunstancias concurrentes en la celebración del contrato”.

 

 

Por lo expuesto, el recurso debe ser desestimado, confirmándose la sentencia de instancia, cuyos acertados razonamientos damos por reproducidos."

ABOGADO CLAUSULA SUELO - La Audiencia provincial de alicante legitima el derecho a reclamar la nulidad de la clausula suelo hipotecaria

 

 

La Audiencia Provincial de Alicante ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y legitima el derecho de todo afectado a reclamar, en un procedimiento individual, la nulidad de la cláusula suelo y la devolución de las cantidades indebidamente cobradas de su préstamo hipotecario. El auto de la Sección Octava del órgano que preside Vicente Magro, de 31 de marzo pasado, deja «expedita» la vía a los afectados para que reclamen judicialmente lo que en derecho les corresponde, según Adicae.

 

 

Las entidades bancarias venían oponiendo -en sus contestaciones a las demandas planteadas por los afectados alicantinos de la cláusula suelo-, la excepción procesal de litispendencia, es decir, la existencia de un litigio pendiente sobre la misma cuestión, consiguiendo el archivo del procedimiento en los casos enjuiciados ante el Juzgado Mercantil número 2 de Alicante. «El grave obstáculo que esta figura provocaba proviene de una demanda instada por otra Asociación (Adicae) hace cuatro años frente a 101 entidades bancarias, demanda turnada en el Juzgado Mercantil número 11 de Madrid en el marco de un procedimiento colectivo caracterizado por su inviabilidad», añade Ausbanc.

 

 

Desde el año 2009, momento en que desciende euribor -el tipo de referencia utilizado en el 95 % de los préstamos hipotecarios contratados a tipo variable-, un tercio de los clientes se han visto perjudicados por la imposición de la cláusula suelo en sus préstamos hipotecarios, cláusula que establece un tipo mínimo que resulta de aplicación con independencia de cuál sea la evolución del euribor.

 

 

Es entonces cuando empiezan las reclamaciones frente a esta irregular práctica, «siendo pionera» en esta lucha Ausbanc Consumo (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios), quien ya en el año 2010 inició un procedimiento colectivo frente a tres entidades financieras -BBVA, Cajamar y Caixagalicia-, tras solicitar la declaración de nulidad de la cláusula suelo que aplicaban estas tres entidades bancarias a sus clientes.

 

 

Este procedimiento finalizó con la «trascendental» sentencia de 9 de mayo de 2013, en la que el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, estimando la demanda interpuesta por Ausbanc, condenó a las tres entidades demandadas a la eliminación de la cláusula suelo de sus hipotecarios.Tras el éxito cosechado por Ausbanc en Primera Instancia (Juzgado Mercantil de Sevilla), otra Asociación (Adicae), aprovechando la relevancia del trabajo realizado por Ausbanc y con escaso rigor jurídico, interpuso una demanda colectiva frente a diversas entidades bancarias que recayó en el Juzgado Mercantil número 11 de Madrid, que este mes pasado admitió la demanda poniendo de relieve que la misma «no es un modelo de orden y claridad».

 

 

Esta demanda colectiva se interpuso contra 101 entidades bancarias lo que, en la práctica, «hace casi inviable el procedimiento. Tanto es así, que tras cuatro años, el Juzgado acaba de admitir a trámite dicha demanda». Tal actuación hubiera pasado «desapercibida si no fuera porque la principal defensa de algunas entidades de crédito a lo largo de estos años ha sido plantear la excepción de litispendencia en todos los Tribunales españoles que conocían de las demandas por particulares».

 

 

fuente:

http://www.laverdad.es/alicante/v/20140410/provincia/audiencia-alicante-legitima-derecho-20140410.html

 

 

ABOGADOS CLAUSULA SUELO ALICANTE - CUANDO SE PUEDE ELIMINAR LA CLAUSULA SUELO Y SU COSTE EN CASO DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL

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El Tribunal Supremo publicó el pasado 9 de mayo la primera sentencia relativa a la cláusula suelo de las hipotecas. En esencia, la justicia considera que este tipo de condiciones seguirán siendo válidas siempre que cumplan una serie de requisitos de "especial transparencia". En este sentido, serán abusivas cuando se pueda probar que los bancos no hayan proporcionado al cliente información completa sobre el contenido de la cláusula y sus implicaciones económicas.

Por tanto, la clave para plantear una reclamación judicial consiste en tener claro qué supuestos pueden ser considerados abusivos y cuáles no. Según explica José María Peyra, abogado del bufefe Sanahuja-Miranda, los afectados por la cláusula suelo de sus préstamos hipotecarios que consideren que no recibieron una completa y clara información, como estaban obligados a facilitar los bancos y cajas, "tienen abierta la puerta para solicitar judicialmente la anulación de las cláusulas suelos de su hipoteca".

Y en concreto, la falta de transparencia y claridad informativa se aplica en una serie de supuestos necesarios aunque no todos suficientes.

1.- Si no consta el suelo en el folleto publicitario de la oferta o si está enmascarado. Este supuesto bastaría por sí mismo para plantear la reclamación. "Normalmente, el folleto publicitario decía una cosa y el contrato decía otra, pues solían ocultar ahí el suelo", apunta el experto.

2.- Inexistencia de oferta vinculante. Es el caso más común que justifica una reclamación por cláusula suelo, advierte Peyra, y también bastaría por sí mismo. El banco tiene la obligación de comunicar al cliente la oferta vinculante tres días antes de la firma. Si no lo ha hecho, o si lo ha hecho fuera de plazo (uno o dos días antes) se puede reclamar.

3.- Gancho publicitario. También se puede reclamar por el gancho publicitario. Por ejemplo, en folletos se anunciaban hipotecas a Euribor más un diferencial, que luego se negociaba a la baja si el cliente contrataba algún otro producto (seguro, plan de pensiones). Pero a efectos prácticos, se puede reclamar si al cliente no le explicaron que esta rebaja no sería operativa en caso de que existiese un suelo.

4.- Si no hubo simulación de las cuotas a pagar. Todos los clientes deben tener un cuadro con cuotas, capital pendiente e intereses abonados.

5.- Si no se le ofrecieron otros productos de la entidad, sin esa cláusula.

6.- Si no se le advirtió que ese producto podía no ser adecuado para el perfil del cliente.

7.- Determinadas subrogaciones: Cuando la falta de información es manifiesta en determinados supuestos de subrogaciones a otras hipotecas. Por ejemplo, esta situación es típica en los casos en los que el promotor del piso tiene un crédito con el banco que ha financiado la construcción y obliga al cliente a subrogarse a sus condiciones. Según comenta Peyra, se han dado casos en los que se remite al cliente a las condiciones de la hipoteca madre del promotor, pero el cliente nunca ha tenido acceso a la mismas (que llevan suelo).

8.- Determinadas novaciones. Una novación es un cambio en las condiciones de la hipoteca, por lo general para extender el plazo o ampliar el capital. En algunas situaciones, se han introducido suelos donde no los había bajo la premisa "o es así o no te lo concedemos", advierte el abogado de Sanahuja-Miranda. Se puede reclamar siempre que este suelo nuevo no se le haya explicado al cliente con la suficiente claridad.

¿Cuánto vale recurrir la cláusula suelo?

Por desgracia, recurrir a la justicia en España es un procedimiento caro, aunque en la mayoría de estos casos suele compensar. Los abogados suelen cobrar un fijo más un porcentaje variable en función del éxito de la reclamación. Estos son los costes habituales.

a.- Tasas judiciales. Son costes nuevos que han de soportar los demandantes tras la última reforma de Gallardón. En este caso, 325 euros de fijo.

b.- Procurador: Es obligatorio contar con los servicios de este profesional y su coste es variable, pero hay que contar con no menos de 250 euros.

c.- Fijo del abogado: También es variable, pero de partida hay que contar con pagar no menos de 900 euros. De ahí en adelante.

d.- Variable del abogado: Se pagará en función del éxito de la demanda y de la trascendencia económica. Es todo muy negociable con cada bufete. Un ejemplo típico consiste en establecer un múltiplo (seis veces es lo normal) del ahorro medio que supone la eliminación del suelo. Por ejemplo, si un cliente se ahorra 200 euros al mes, esta cantidad se multiplica por 6. En total, 1.200 euros de coste variable.

En resumen, la factura final rondará los 3.000 euros en caso de que haya éxito. Pero puede merecer la pena. El ahorro medio por supresión de cláusulas suelo,  es de unos 60.000 euros, frente a un coste de tan solo 3.000 euros para eliminar la cláusula. Si no hay éxito en la reclamación, habrá que pagar las tasas, el procurado y el fijo del abogado, unos 1.600 euros. Y esto sería una pérdida irrecuperable en caso de no ganar la demanda.

Fuente: www.finanzas.com

ABOGADOS RECLAMACIÓN PREFERENTES EN ALICANTE

Nuestro despacho de Abogados en Alicante, especializado en la reclamación de Preferentes y demás productos financieros, defiende en todo el territorio nacional a los afectados por la adquisición de participaciones preferentes y deuda subordinada. Somos especialistas en derecho bancario y nuestra estrategia consiste en solicitar al juez la nulidad del contrato de adquisición de participaciones preferentes o deuda subordinada por vicio en el consentimiento a la hora de la firma, por falta de información y abuso de confianza, con la devolución, en efectivo, del dinero invertido. Así mismo, y subsidiariamente, solicitamos la resolución del contrato por incumplimiento, con solicitud de daños y perjuicios.

Si la sentencia es favorable, obtendremos la devolución de las costas inmanentes al procedimiento, es decir que la entidad financiera deberá de pagar los honorarios de letrado y procurador más la tasa judicial, con lo que usted podrá recuperar el dinero invertido en el procedimiento.

Las participaciones preferentes son un producto financiero muy complejo. Ni siquiera los bancos y cajas que llevaron a cabo su comercialización estaban en condiciones de aplicar las normas de protección legales (Directiva MIFID) y explican el éxito de la inversión por parte de los clientes. Se engañó a los clientes haciéndoles ver que se trataba de un depósito a plazo fijo con mejor remuneración.

La estafa a los pequeños clientes sirvió para obtener de ellos cantidades ingentes de euros que los inversores mayoristas no estaban dispuestos a poner en manos de bancos y cajas. Es decir, se engañó a los pequeños inversores para conseguir liquidez.

¡ RECUPERE SU DINERO !

Por supuesto que nuestra inversión se puede recuperar al 100%. La Ley española nos ampara, y lograremos recuperar, no solo el principal, sino los correspondientes intereses y las costas de abogado y procurador que se originen en el procedimiento.

Podemos reclamar judicialmente, incluso si ya hemos recuperado parte del capital invertido, o en el caso de que nuestros productos financieros ya hayan sido canjeados por la entidad correspondiente.

Son muchas las sentencias judiciales que están dando la razón a miles de clientes que suscribieron participaciones preferentes y deuda subordinada sin saber realmente cómo funcionaban estos instrumentos, sin tener capacidad para comprenderlos y siendo totalmente inadecuados para su perfil de riesgo y conocimientos financieros.

Cada día se publican sentencias que obligan a las entidades financieras a devolver la totalidad de lo invertido más los intereses legales y las costas del procedimiento, decretando la nulidad del contrato o su anulabilidad.

Recomendamos acudir a la vía judicial a la mayor brevedad.

 

 

 

 

 

 

Molina Navarro - ABOGADOS & CRIMINÓLOGOS

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